La Audiencia Nacional ha enviado al Tribunal Constitucional el recorte salarial de los empleados de las Mutuas para que este Tribunal decida si el recorte vulnera derechos fundamentales. Mediante un auto dictado este lunes, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado formalmente una cuestión de constitucionalidad sobre el Real Decreto Ley 8/2010 por el cual se recortan un 5 por ciento los salarios de los empleados de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), según informa el sindicato UGT.
La Sala de lo Social da traslado al Constitucional para que éste se pronuncie sobre si la citada norma "ha vulnerado o no el contenido esencial del derecho de libertad sindical, regulado en los artículos 7 y 28.1 de la Constitución, en relación con el derecho de negociación colectiva, regulado en el artículo 37.1 de la Constitución".
La Federación de Servicios de UGT considera “positivo” el auto de la Audiencia Nacional y, "sin prejuzgar la resolución final sobre el conflicto", cree que "apoya" los argumentos presentados por este sindicato.
El sindicato critica estos recortes salariales al considerar que obedecen a la "imposición" de la Secretaría de Estado de la Seguridad y en concreto al Director General de Ordenación de la Seguridad Social, al que acusan de "no querer reconocer" la regulación laboral del sector, que esta recogido en un convenio colectivo específico para los trabajadores de Mutuas, "legitimado legalmente desde hace más de 30 años".
"Sólo desde el absoluto desconocimiento de lo que es la negociación colectiva en nuestro país", -continúa-, "se pueden perpetrar semejantes ataques a las condiciones laborales de los trabajadores de Mutuas en nuestro país". Por ello el sindicato solicita al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que "paralice" los recortes salariales.
Además, UGT exige a Granado que frene "los múltiples despidos que se están produciendo en las Mutuas de Accidentes de Trabajo", tal y como el secretario de Estado prometió públicamente, según asegura el sindicato. A su vez, UGT pide el desbloqueo de las contrataciones de trabajadores y la regulación de las condiciones del sector.